Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

La incapacidad institucional del Bienestar Familiar generada por una estresante carga laboral y la falta de equipos de trabajo psicosociales y de recursos tecnológicos “está vulnerando y pone en riesgo los derechos de la niñez”.

La Asociación Colombiana de Defensores de Familia, reunida en Barranquilla en su cuadragésima asamblea nacional, advierte que el ICBF “carece de capacidad operativa” para atender la demanda de servicios que ha crecido a raíz de la expedición de una serie de leyes en defensa de los niños, niñas y adolescentes. Las nuevas normas han desbordado las funciones institucionales, afirma Leonel Barreto, fiscal de Acodefam.

Hasta la primera semana de octubre, 24.149 menores de edad fueron víctimas de violencia sexual en el país, de acuerdo con la Policía Nacional, escenario que se vuelve más deplorable por las actuales circunstancias el ICBF que hoy no puede garantizarles su pronta, efectiva y eficiente protección.

“No es fácil recibir todos los días los problemas de niñas, niños y adolescentes abusados y sentir que estamos con las manos atadas, porque no se pueden dictar medidas que garanticen una atención efectiva”, lamenta Barreto.

Afirman los Defensores de Familia que 15 años después de haber sido expedido el Código de Infancia y Adolescencia lo han incumplido porque les “aumentaron las cargas de funciones hasta en un 300%”, pero no proveyeron el personal para garantizarles los derechos a los menores de edad que son víctimas.

En Colombia hay 1.450 Defensores de Familia, pero por la carga laboral 300 han renunciado. ¿Las razones? Cuando a las manos de uno de ellos llegan casos de restablecimiento de derecho o asuntos extraprocesales, tienen 10 días para darles trámite. Sin embargo, afrontan dificultades para cumplir esa misión porque, en muchos casos, no cuentan con el equipo psicosocial completo (psicóloga y trabajadora social) que los ayude a construir un diagnóstico y deben ausentarse de sus despachos a atender audiencias en juzgados, desalojos, etc., lo que alarga en meses la toma de decisiones.

El departamento del Atlántico no escapa a esta problemática. Hay 49 Defensores de Familia que tienen bajo su responsabilidad 2.452 casos activos de restablecimientos de derecho (violencia sexual y física, negligencia familiar e institucional, etc.), de los cuales 1.752 corresponden al 2022. Además, tramitan 8.566 solicitudes por asuntos extraprocesales (cuotas de alimentos, visitas familiares, custodias, paternidad y maternidad) y como si fuera poco deben ocuparse de los procesos de responsabilidad penal de menores delincuentes: en 2018 fueron 870 casos y en 2019 sumaron 469.

La morosidad, insiste Acodefam, está relacionada con las mayores responsabilidades asignadas, lo que pone en riesgo la estabilidad laboral de estos funcionarios. “Nos han convertido en una especie de personal de oficios varios”, recuerda el fiscal Barreto que le dijo a un senador de la Comisión Séptima.



Teniendo en cuenta el refrán que dice que por tratar de hacer más, puedes terminar haciendo menos, la asociación enfatiza en que las Defensorías de Familia fueron debilitadas con la asignación de nuevas funciones a través de más de diez leyes expedidas en los últimos años, sin que, como en el caso del Código de Infancia y Adolescencia, el Bienestar haya contratado el personal necesario para atender la creciente demanda de servicios.

La más reciente de las nuevas normas fue la Ley 2126 de 2021 que les quitó funciones a los Comisarios de Familia y se las trasladó a los Defensores del Bienestar, que ahora deben adoptar medidas relacionadas con custodias, alimentos, regulación de visitas e investigaciones de paternidad. “Por esa razón, automáticamente, se agravó la carga laboral y colapsamos”, alegan.

Advierten que en 2023 habrá otra modificación, pues ya no serán competencia de los Comisarios de Familia las violaciones sexuales que se produzcan en el contexto familiar, sino que deberán atenderlas en el Bienestar Familiar.

Acodefam denuncia que por la carga laboral de los Defensores de Familia se ha represado la asignación de citas para atender y resolver los casos extraprocesales. Hoy, si una madre o un padre quiere adelantar un proceso de alimentos, las citas están para seis meses. “Es decir, estamos aplazando los derechos de ese niño o niña”, comenta el fiscal Barreto.

Sobre esta denuncia, simulando la petición de un padre que necesitaba una audiencia sobre cuotas de alimentos, Emisora Atlántico y Zona Cero.com constataron dicha demora en la línea de atención:



Acodefam cuestiona que cada Gobierno Nacional pregona que los niños son primero, “pero lo son sólo en el discurso porque en la realidad no lo son” y hace otras dos denuncias.

La primera es que, por los problemas de estrés, los Defensores de Familia son los funcionarios del ICBF que “más sufren de enfermedades mentales”, certificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal; con el agravante de que si a un funcionario lo incapacitan 15 o más días, cuando vuelve a su despacho encuentra una mayor carga laboral con todos los procesos represados.

Y la segunda revelación es que como a las regionales del Bienestar les fijan metas sobre la protección y defensa de los niños, este asunto “se ha vuelto un tema de indicadores estadísticos y no de atención eficiente”. Barreto denuncia que hay quienes falsean dichos logros en los datos que suben al Sistema de Información Misional del ICBF.



Hace un mes, el presidente Gustavo Petro posesionó a Concha Baracaldo en la directora nacional del Bienestar Familiar, en medio de críticas de un importante número de feministas petristas que cuestionaron sus actuaciones en otros cargos públicos y su falta de conocimiento sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes.

En este momento, para Baracaldo el caso de los Defensores de Familia y la fragilidad institucional se erigen como retos principales que tendrá que enfrentar para hallar rápidas soluciones que permitan superar los riesgos que amenazan los derechos de la niñez.